El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido esta mañana la aplicación de medidas “drásticas y contundentes” para frenar la expansión del coronavirus en Asturias.
En este tipo de decisiones entran tanto el aplazamiento del inicio del curso escolar como la alerta naranja que afecta a cinco municipios -Llanes, Ribadesella, Parres, Cangas de Onís y Cabrales- de la comarca oriental. “Mejor prevenir que lamentar”, ha afirmado el jefe del Gobierno en unas declaraciones realizadas en Pola de Laviana. Por otro lado, el Ejecutivo autonómico solicitará próximamente la colaboración de rastreadores militares para reforzar su equipo de vigilancia contra la covid.
Barbón ha rebatido las críticas a las medidas adoptadas por su gobierno; en especial, aquellas que invocan la buena situación epidémica de Asturias en comparación con otras comunidades autónomas. Lo correcto, ha explicado, es darle la vuelta al argumento: “no es que tomemos medidas drásticas pese a estar en mejor situación epidemiológica, es que estamos en mejor situación porque tomamos medidas drásticas”.
Son decisiones que, ha reconocido el presidente, pueden resultar molestas. Es el caso del retraso, durante ocho días lectivos, del arranque del curso. “Entiendo, cómo no les voy a entender, a los padres y madres que están dolidos o enfadados”, ha asegurado. Si se ha optado por esta medida es porque la epidemia ha empeorado -en julio, los contagios fueron mínimos; actualmente, la media diaria ronda los 40- y ahora es necesario conocer la evolución durante la primera quincena de septiembre. Además, el Gobierno de Asturias quiso por prudencia esperar a conocer el desenlace de la conferencia intersectorial entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, celebrada el jueves. Una vez realizada, al día siguiente (ayer, viernes) el Ejecutivo del Principado ya expuso sus planes.
“A mí también me gustaría tener todas las certezas”, ha manifestado Barbón, pero la realidad es que sigue habiendo mucho desconocimiento acerca del virus y será necesario ir tomando decisiones en función de la evolución epidémica. Respecto a la enseñanza, el Principado pretende asegurar el derecho a la educación, que la educación sea de calidad y en las mejores condiciones de seguridad posibles. De ahí la mascarilla obligatoria desde los seis años, la reducción de ratios y la contratación de 860 profesores más -aparte de los 3.000 interinos ya previstos-, que exigirá un esfuerzo presupuestario “sin comparación en nuestra historia”.
A todas estas medidas, el Gobierno del Principado sumará en los próximos días la petición de rastreadores militares para reforzar su equipo de vigilancia.